Una vez más queda demostrado que la actitud confrontativa que caracteriza a la gestión Kirchner consigue sus objetivos, y que más allá de todo lo que ocurra en el medio, tal cual lo definió el contractualista Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, “el fin justifica los medios”. El bien social está cada vez más cerca del pueblo y al de la función que persigue el Estado.
Son varios los asuntos con los que el gobierno actual tuvo que confrontar, pero el que seguramente más marcará a los Kirchner en los próximos libros de historia es la búsqueda que el modelo tiene de ponerle fin a los monopolios y su consecuente control social. Y el caso de la denuncia efectuada y conocida como “Papel Prensa” es evidencia de ello.
Tal cual anunciaba la presidenta en el inicio de su discurso, hasta el mismo y más grande de los monopolios (Clarín), reconoció, aceptó y se hizo cargo en uno de sus titulares de lo que implica hoy manejar a esa empresa: “El gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa”. Suficiente. Textuales palabras son las que utiliza y con las cuales se autodefine uno de los diarios que maneja y dirige a la única empresa encargada de producir pasta celulosa para fabricar papel de diario, la única que lo distribuye, la única que lo comercializa.
Entonces, primer punto de coincidencia: quien maneja Papel Prensa maneja la palabra escrita. Como proponía la presidenta, sólo resta mirar quiénes son los actuales dueños de la empresa, observar en qué momento histórico del país se hicieron cargo de dichas propiedades, y lo más sencillo de todo, repasar de qué manera titulaban durante ese período dichos diarios y cómo era la visión que intentaban imponer de los recién asumidos jefes militares.
No hace falta a esta altura recordar cómo fueron las últimas actitudes de los dueños de Clarín y La Nación para vislumbrar que su búsqueda apunta a intereses personales muy alejados de los colectivos. Ni siquiera es útil mencionar a lo que quizás sea lo más denigrante y vergonzoso del asunto: la vinculación de estas personas y la adquisición de la mayor parte de Papel Prensa mediante procesos vejatorios, criminales y torturantes ocurridos durante la última dictadura militar argentina.
La idea a plantearse no requiere ninguno de estos análisis, sino el simple hecho de preguntarse si los encargados de manejar a esa tan nombrada e importante palabra escrita deben ser aquellos que defienden intereses particulares y que con su ambición de poder son capaces de recurrir a cualquier recurso, o aquellos encargados de garantizar el bien social sin ningún interés de por medio, como el Estado. La causa y lo implicado en ella es mucho y muy grave. La solución es una y no es necesario ser periodista ni político para deducirla. No hace falta.
GONZALO MARTÍNEZ
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